Un delito escalofriante en Juárez
Francisco Ortiz Bello
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Cuando se escucha el desgarrador testimonio de víctimas o familiares que han sufrido en carne propia el delito de trata de personas, un escalofrío recorre la columna vertebral desde la cabeza hasta los pies, porque nos damos cuenta de lo vulnerables que somos, y que cualquiera –incluso una hija o hijo nuestro– puede caer en las garras de las mafias que se dedican a esta actividad ilícita.
Entendido como una forma de esclavitud en las personas, con fines laborales, sexuales o de servidumbre, el delito de trata de personas es mucho más frecuente y activo de lo que quisiéramos pensar. Ahí donde se doblegue la voluntad de un ser humano, para obligarlo a realizar actos que no desea, ahí se está cometiendo el delito de trata de personas, y en México, y particularmente en Juárez, mantiene una incidencia altas especialmente en menores de edad y mujeres.
De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para el control de las Drogas y la Prevención del Delito (ONUDD), y el Reporte de Trata de Personas del Departamento de Estado de Estados Unidos de América, México esta catalogado como fuente, tránsito, y destino para la trata de personas, para los propósitos de la explotación sexual comercial y del trabajo forzado. Los grupos considerados más vulnerables para la trata de personas en México incluyen a mujeres y los niños, las personas indígenas, y los migrantes indocumentados.
Según el gobierno, más de 20 mil niños mexicanos son víctimas de la explotación sexual originada por la trata cada año, especialmente en zonas fronterizas y turísticas. La mayoría de las víctimas tratadas en el país son extranjeras, especialmente para la explotación sexual comercial. Son provenientes de América Central, particularmente Guatemala, Honduras, y El Salvador; la mayoría para tránsito, en el camino a los Estados Unidos y, en un grado inferior, a Canadá y a Europa occidental.
Otro problema es el turismo sexual infantil, que continúa creciendo en México, especialmente en áreas tales como Acapulco y Cancún, y ciudades norteñas de la frontera como Tijuana y Ciudad Juárez. Los turistas extranjeros llegan a menudo de los Estados Unidos, de Canadá, y de Europa occidental.
De acuerdo al diagnóstico (Human Trafficking Assesment Tool) hecho por la American Bar Association (ABA), realizado en México, se han detectado 47 bandas dedicadas a la trata de personas sexual y laboral, también documentó que las entidades con mayor riesgo de que se cometa este ilícito en el Distrito Federal, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala y Quintana Roo.
En México de 2005 a 2008 se detectaron más de 300 casos de trata de personas. Se tiene conocimiento que 22 eran extranjeros y fueron apoyados por el Instituto Nacional de Migración (INM) para regular su estancia en el país por su condición de víctimas de trata de personas.
En lo referente al ejercicio legislativo, en 2007 se promulgó la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y su reglamento a nivel federal, publicado en febrero de 2009. También en 2009, 22 estados mexicanos y el Distrito Federal decretaron reformas en su código penal, que tipifican algunas formas de trata de personas, y únicamente el Distrito Federal y Chiapas cuentan con leyes específicas sobre la materia.
A iniciativa de la ex diputada federal Rosi Orozco, en la LXI Legislatura, en junio de este año se publicó en el Diario Oficial de la federación la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, así como su respectivo reglamento. Esta ley abrogó la expedida en 2007 y amplió el catalogo de delitos, así como las sanciones a los infractores.
Uno de los logros destacados en esta nueva legislación, consistió en la sanción con penalidades incluso de cárcel, a los medios de comunicación que publiquen anuncios que promuevan o publiciten la trata de personas (prostitución, empleos, migración, etcétera), lo que ha significado un gran avance en este tema.
Actualmente, Chihuahua no tiene una ley particular sobre el tema, ya que apenas se discute en el Congreso local la aprobación de una iniciativa presentada por el Diputado Raúl García Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN.
En lo que atañe a la acción judicial la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas (FEVIMTRA), dependiente de la Procuraduría 2 derivaron en denuncias penales.
También los organismos públicos autónomos y las organizaciones no gubernamentales están realizando acciones concretas con la finalidad de combatir el delito y de atender a las víctimas de la trata de personas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos instaló en septiembre de 2009 el Observatorio Nacional contra la Trata de Personas, e igualmente estableció el Programa Nacional contra la Trata de Personas en 2007, dentro del cual creo varios Comités Regionales, los cuales, mediante un equipo interinstitucional e interdisciplinario, atienden el delito en varias regiones del país.
Regularmente, de acuerdo con los más recientes estudios e investigaciones al respecto, ahí donde exista un giro de los llamados “negros”, la posibilidad de que se presente la trata de personas es muy alta. En Ciudad Juárez los giros negros abundan, sobre todo en la zona centro, y por lo tanto el riesgo potencial de que se trafique con personas es también muy alto.
La condición geográfica que nos hace frontera con Estados Unidos, también es otro factor que incrementa el riesgo en la trata de personas, por el fenómeno de la migración de indocumentados al vecino país. Esto sin contar, claro, las cifras que ya se mencionaron en la producción de pornografía y prostitución infantil.
En Ciudad Juárez, en el año 2004, un par de jovencitas que eran víctimas de explotación sexual, descubrieron que el líder de esa red era quien se encargaba de recibir las denuncias, el subjefe del Departamento de Averiguaciones Previas, Héctor Armando Lastra Muñoz. Este ha sido, quizá, el caso más emblemático que se configura en el delito de trata de personas en esta frontera.
Recientemente, en la semana pasada, visitó esta frontera la ex diputada federal y activista social Rosi Orozco, la autora de la iniciativa de Ley contra la Trata que se aprobó este año. Dio un par de conferencias y algunas entrevistas a medios de comunicación.
Rosi Orozco se dijo sorprendida de que, siendo esta frontera un lugar en el que –por las condiciones geográficas, históricas y culturales– la trata de personas se presenta casi en todas sus modalidades, y con una incidencia que espanta, no haya en la entidad una sola persona juzgada y condenada por este tipo de delito.
Ante la presencia de autoridades de Migración, activistas sociales, políticos y ONG’s, Rosi Orozco explicó la importancia y urgencia de que la sociedad se involucre en este tema, para exigir que la aplicación estricta de la ley termine con la impunidad de quienes se dedican a destruir las vidas de niños, mujeres y víctimas en general de la trata.
Siendo uno de los delitos de mayor incidencia y recurrencia (el segundo a nivel nacional), así como de mayor rentabilidad para los grupos criminales que los manejan, Rosi Orozco puso a disposición de los juarenses la asociación civil que ella misma preside: “Unidos hacemos la diferencia”, desde la que continuará con su lucha para erradicar este delito, dando a conocer la dirección de su portal web http://unidoshacemosladiferencia.com.
Es en este contexto que cobra especial relevancia la campaña local que ha emprendido el diputado Raúl García Ruiz “Di no a la Trata”, con la que pretende sensibilizar al gobierno estatal y al propio Congreso, para obtener la aprobación de la ley contra la trata en Chihuahua, misma que debe ser armonizada con la legislación federal.
En ese orden de ideas, resulta importante destacar que nunca una ley cobra mayor relevancia que cuando, como en el caso, tiende a prevenir la comisión de conductas delictivas que atentan de manera grave contra sectores de la población de especial vulnerabilidad, como los son los menores y las mujeres.
Bien harían los señores legisladores, y el propio gobernador, en meterle celeridad al asunto y dejar de “calentar” la iniciativa sobre la Ley contra la Trata en Chihuahua, digo, para que no nos hagan pensar a los ciudadanos que no les preocupa resolver este grave problema en nuestra entidad y, principalmente, en esta frontera.
Entendido como una forma de esclavitud en las personas, con fines laborales, sexuales o de servidumbre, el delito de trata de personas es mucho más frecuente y activo de lo que quisiéramos pensar. Ahí donde se doblegue la voluntad de un ser humano, para obligarlo a realizar actos que no desea, ahí se está cometiendo el delito de trata de personas, y en México, y particularmente en Juárez, mantiene una incidencia altas especialmente en menores de edad y mujeres.
De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para el control de las Drogas y la Prevención del Delito (ONUDD), y el Reporte de Trata de Personas del Departamento de Estado de Estados Unidos de América, México esta catalogado como fuente, tránsito, y destino para la trata de personas, para los propósitos de la explotación sexual comercial y del trabajo forzado. Los grupos considerados más vulnerables para la trata de personas en México incluyen a mujeres y los niños, las personas indígenas, y los migrantes indocumentados.
Según el gobierno, más de 20 mil niños mexicanos son víctimas de la explotación sexual originada por la trata cada año, especialmente en zonas fronterizas y turísticas. La mayoría de las víctimas tratadas en el país son extranjeras, especialmente para la explotación sexual comercial. Son provenientes de América Central, particularmente Guatemala, Honduras, y El Salvador; la mayoría para tránsito, en el camino a los Estados Unidos y, en un grado inferior, a Canadá y a Europa occidental.
Otro problema es el turismo sexual infantil, que continúa creciendo en México, especialmente en áreas tales como Acapulco y Cancún, y ciudades norteñas de la frontera como Tijuana y Ciudad Juárez. Los turistas extranjeros llegan a menudo de los Estados Unidos, de Canadá, y de Europa occidental.
De acuerdo al diagnóstico (Human Trafficking Assesment Tool) hecho por la American Bar Association (ABA), realizado en México, se han detectado 47 bandas dedicadas a la trata de personas sexual y laboral, también documentó que las entidades con mayor riesgo de que se cometa este ilícito en el Distrito Federal, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala y Quintana Roo.
En México de 2005 a 2008 se detectaron más de 300 casos de trata de personas. Se tiene conocimiento que 22 eran extranjeros y fueron apoyados por el Instituto Nacional de Migración (INM) para regular su estancia en el país por su condición de víctimas de trata de personas.
En lo referente al ejercicio legislativo, en 2007 se promulgó la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y su reglamento a nivel federal, publicado en febrero de 2009. También en 2009, 22 estados mexicanos y el Distrito Federal decretaron reformas en su código penal, que tipifican algunas formas de trata de personas, y únicamente el Distrito Federal y Chiapas cuentan con leyes específicas sobre la materia.
A iniciativa de la ex diputada federal Rosi Orozco, en la LXI Legislatura, en junio de este año se publicó en el Diario Oficial de la federación la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, así como su respectivo reglamento. Esta ley abrogó la expedida en 2007 y amplió el catalogo de delitos, así como las sanciones a los infractores.
Uno de los logros destacados en esta nueva legislación, consistió en la sanción con penalidades incluso de cárcel, a los medios de comunicación que publiquen anuncios que promuevan o publiciten la trata de personas (prostitución, empleos, migración, etcétera), lo que ha significado un gran avance en este tema.
Actualmente, Chihuahua no tiene una ley particular sobre el tema, ya que apenas se discute en el Congreso local la aprobación de una iniciativa presentada por el Diputado Raúl García Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN.
En lo que atañe a la acción judicial la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas (FEVIMTRA), dependiente de la Procuraduría 2 derivaron en denuncias penales.
También los organismos públicos autónomos y las organizaciones no gubernamentales están realizando acciones concretas con la finalidad de combatir el delito y de atender a las víctimas de la trata de personas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos instaló en septiembre de 2009 el Observatorio Nacional contra la Trata de Personas, e igualmente estableció el Programa Nacional contra la Trata de Personas en 2007, dentro del cual creo varios Comités Regionales, los cuales, mediante un equipo interinstitucional e interdisciplinario, atienden el delito en varias regiones del país.
Regularmente, de acuerdo con los más recientes estudios e investigaciones al respecto, ahí donde exista un giro de los llamados “negros”, la posibilidad de que se presente la trata de personas es muy alta. En Ciudad Juárez los giros negros abundan, sobre todo en la zona centro, y por lo tanto el riesgo potencial de que se trafique con personas es también muy alto.
La condición geográfica que nos hace frontera con Estados Unidos, también es otro factor que incrementa el riesgo en la trata de personas, por el fenómeno de la migración de indocumentados al vecino país. Esto sin contar, claro, las cifras que ya se mencionaron en la producción de pornografía y prostitución infantil.
En Ciudad Juárez, en el año 2004, un par de jovencitas que eran víctimas de explotación sexual, descubrieron que el líder de esa red era quien se encargaba de recibir las denuncias, el subjefe del Departamento de Averiguaciones Previas, Héctor Armando Lastra Muñoz. Este ha sido, quizá, el caso más emblemático que se configura en el delito de trata de personas en esta frontera.
Recientemente, en la semana pasada, visitó esta frontera la ex diputada federal y activista social Rosi Orozco, la autora de la iniciativa de Ley contra la Trata que se aprobó este año. Dio un par de conferencias y algunas entrevistas a medios de comunicación.
Rosi Orozco se dijo sorprendida de que, siendo esta frontera un lugar en el que –por las condiciones geográficas, históricas y culturales– la trata de personas se presenta casi en todas sus modalidades, y con una incidencia que espanta, no haya en la entidad una sola persona juzgada y condenada por este tipo de delito.
Ante la presencia de autoridades de Migración, activistas sociales, políticos y ONG’s, Rosi Orozco explicó la importancia y urgencia de que la sociedad se involucre en este tema, para exigir que la aplicación estricta de la ley termine con la impunidad de quienes se dedican a destruir las vidas de niños, mujeres y víctimas en general de la trata.
Siendo uno de los delitos de mayor incidencia y recurrencia (el segundo a nivel nacional), así como de mayor rentabilidad para los grupos criminales que los manejan, Rosi Orozco puso a disposición de los juarenses la asociación civil que ella misma preside: “Unidos hacemos la diferencia”, desde la que continuará con su lucha para erradicar este delito, dando a conocer la dirección de su portal web http://unidoshacemosladiferencia.com.
Es en este contexto que cobra especial relevancia la campaña local que ha emprendido el diputado Raúl García Ruiz “Di no a la Trata”, con la que pretende sensibilizar al gobierno estatal y al propio Congreso, para obtener la aprobación de la ley contra la trata en Chihuahua, misma que debe ser armonizada con la legislación federal.
En ese orden de ideas, resulta importante destacar que nunca una ley cobra mayor relevancia que cuando, como en el caso, tiende a prevenir la comisión de conductas delictivas que atentan de manera grave contra sectores de la población de especial vulnerabilidad, como los son los menores y las mujeres.
Bien harían los señores legisladores, y el propio gobernador, en meterle celeridad al asunto y dejar de “calentar” la iniciativa sobre la Ley contra la Trata en Chihuahua, digo, para que no nos hagan pensar a los ciudadanos que no les preocupa resolver este grave problema en nuestra entidad y, principalmente, en esta frontera.
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