La Secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, y el secretario de Gobernación de México, Alejandro Poiré, anunciaron acuerdos entre ambos países en materia de combate al narcotráfico, el terrorismo y la trata de personas.
Respecto de la trata, dijeron que impulsarán un proyecto con los países de Centroamérica que permita trabajar de manera coordinada para desarticular las redes y llevar a la justicia a los tratantes.
La medida es pertinente, desde luego, en virtud del carácter transnacional de la trata.
Pero los gobiernos de México y Estados Unidos olvidaron decir que tienen una tarea más cercana y directa: cómo evitar que más personas mexicanas sean víctimas de explotación precisamente en la Unión Americana.
Sucede algo parecido a lo que ocurre en el terreno del narcotráfico: el mayor consumidor de trata, permítaseme la expresión, es Estados Unidos, y la mayor proporción de las víctimas allá son mexicanas.
Está bien que se proyecten esfuerzos conjuntos para desmantelar las redes de enganchadores y transportadores en Centroamérica, pero es urgente desmantelar las de explotadores en Estados Unidos. México debería poner el acento en ello, pues la masificación del consumo es el principal aliento de la venta, en este caso de personas, fenómeno más brutal e intolerable que la venta de cualquier producto ilícito.
Tal vez la diplomacia, la buena relación y el trato aterciopelado no aconsejen tal señalamiento. Pero por encima de las formas debería estar el interés, la dignidad y los derechos de las víctimas. Que nos digan qué hacen allá en contra de las redes de tratantes de manera sistemática y eficaz; que nos digan cuántas bandas han sido desmantelas y cuántos de sus integrantes consignados; que nos digan cuántas víctimas de trata han sido liberadas del yugo de sus explotadores.
Fácil es el discurso cuando apenas toca la superficie.
Mientras el gobierno mexicano despierta y se identifica con las víctimas y su padecimiento, y en tanto el gobierno de Estados Unidos se da cuenta de que tiene la tarea pendiente más importante en materia de trata, esto es, actuar en su propio territorio en contra de los tratantes, México debe seguir haciendo lo que le corresponde.
Y por ahora lo más urgente es que diputados y senadores aprueben la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas y Delitos Relacionados, que entre otros, ha impulsado infatigablemente la diputada Rosi Orozco.
Esta ley vendrá a resolver lo que no ha podido lograrse a pesar de los esfuerzos de muchos legisladores, organizaciones civiles y académicos: la homologación del marco jurídico nacional en materia de trata de personas.
Desde la promulgación de la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas, en noviembre de 2007, se ha venido realizando un intenso esfuerzo por alcanzar esta homologación. Llevamos cuatro años intentándolo. Y no se ha logrado: prevalece la dispersión prácticamente en todos los sentidos: en el bien jurídico tutelado, en las definiciones esenciales, en las conductas, los medios comisivos, las sanciones.
Ahora, gracias a las reformas constitucionales del 14 de julio de 2011 que, entre otras disposiciones, facultaron al Congreso para expedir una Ley General de Trata, y gracias a la iniciativa presentada por un centenar de legisladores en agosto de 2011, estamos en posibilidades de zanjar de tajo enormes vacíos legales que juegan en favor de los tratantes.
El proyecto de Ley debe ser aprobado lo más pronto posible, no ya para cumplir con el plazo legal, agotado ya, sino por las víctimas y las posible víctimas.
Su objeto es tutelar la libertad y la dignidad de las personas y los demás derechos humanos reconocidos universalmente. Regula las acciones del Estado Mexicano en la prevención, investigación, persecución y sanción de la trata de personas y de los delitos relacionados. Establece los tipos penales, las sanciones y el procedimiento penal aplicable, así como la distribución de competencia y formas de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.
Es comprensible que se requiera tiempo para discutir y afinar la iniciativa original, modificarla y mejorarla, pero los legisladores deben estar conscientes de que cada día que pasa es espacio de acción para los tratantes, lapso de sufrimiento para las víctimas y riesgo para las víctimas potenciales.
La realidad apremia porque está llena de dolor. Hay cientos de miles de víctimas y de familias angustiadas, personas concretas, de nombre y rostro preciso, que merecen libertad y justicia.
Esta direcci%C3%B3n electr%C3%B3nica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla '>mauriciofarahg@hotmail.com
Twitter @mfarahg
Respecto de la trata, dijeron que impulsarán un proyecto con los países de Centroamérica que permita trabajar de manera coordinada para desarticular las redes y llevar a la justicia a los tratantes.
La medida es pertinente, desde luego, en virtud del carácter transnacional de la trata.
Pero los gobiernos de México y Estados Unidos olvidaron decir que tienen una tarea más cercana y directa: cómo evitar que más personas mexicanas sean víctimas de explotación precisamente en la Unión Americana.
Sucede algo parecido a lo que ocurre en el terreno del narcotráfico: el mayor consumidor de trata, permítaseme la expresión, es Estados Unidos, y la mayor proporción de las víctimas allá son mexicanas.
Está bien que se proyecten esfuerzos conjuntos para desmantelar las redes de enganchadores y transportadores en Centroamérica, pero es urgente desmantelar las de explotadores en Estados Unidos. México debería poner el acento en ello, pues la masificación del consumo es el principal aliento de la venta, en este caso de personas, fenómeno más brutal e intolerable que la venta de cualquier producto ilícito.
Tal vez la diplomacia, la buena relación y el trato aterciopelado no aconsejen tal señalamiento. Pero por encima de las formas debería estar el interés, la dignidad y los derechos de las víctimas. Que nos digan qué hacen allá en contra de las redes de tratantes de manera sistemática y eficaz; que nos digan cuántas bandas han sido desmantelas y cuántos de sus integrantes consignados; que nos digan cuántas víctimas de trata han sido liberadas del yugo de sus explotadores.
Fácil es el discurso cuando apenas toca la superficie.
Mientras el gobierno mexicano despierta y se identifica con las víctimas y su padecimiento, y en tanto el gobierno de Estados Unidos se da cuenta de que tiene la tarea pendiente más importante en materia de trata, esto es, actuar en su propio territorio en contra de los tratantes, México debe seguir haciendo lo que le corresponde.
Y por ahora lo más urgente es que diputados y senadores aprueben la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas y Delitos Relacionados, que entre otros, ha impulsado infatigablemente la diputada Rosi Orozco.
Esta ley vendrá a resolver lo que no ha podido lograrse a pesar de los esfuerzos de muchos legisladores, organizaciones civiles y académicos: la homologación del marco jurídico nacional en materia de trata de personas.
Desde la promulgación de la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas, en noviembre de 2007, se ha venido realizando un intenso esfuerzo por alcanzar esta homologación. Llevamos cuatro años intentándolo. Y no se ha logrado: prevalece la dispersión prácticamente en todos los sentidos: en el bien jurídico tutelado, en las definiciones esenciales, en las conductas, los medios comisivos, las sanciones.
Ahora, gracias a las reformas constitucionales del 14 de julio de 2011 que, entre otras disposiciones, facultaron al Congreso para expedir una Ley General de Trata, y gracias a la iniciativa presentada por un centenar de legisladores en agosto de 2011, estamos en posibilidades de zanjar de tajo enormes vacíos legales que juegan en favor de los tratantes.
El proyecto de Ley debe ser aprobado lo más pronto posible, no ya para cumplir con el plazo legal, agotado ya, sino por las víctimas y las posible víctimas.
Su objeto es tutelar la libertad y la dignidad de las personas y los demás derechos humanos reconocidos universalmente. Regula las acciones del Estado Mexicano en la prevención, investigación, persecución y sanción de la trata de personas y de los delitos relacionados. Establece los tipos penales, las sanciones y el procedimiento penal aplicable, así como la distribución de competencia y formas de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.
Es comprensible que se requiera tiempo para discutir y afinar la iniciativa original, modificarla y mejorarla, pero los legisladores deben estar conscientes de que cada día que pasa es espacio de acción para los tratantes, lapso de sufrimiento para las víctimas y riesgo para las víctimas potenciales.
La realidad apremia porque está llena de dolor. Hay cientos de miles de víctimas y de familias angustiadas, personas concretas, de nombre y rostro preciso, que merecen libertad y justicia.
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