Desde 2010 han muerto 761 menores de 17 años por guerra contra el crimen.
En 2010 el promedio de muertes de menores de edad por mes fue de 15; en 2011 de 20, y en 2012 de 24. En lo que va del 2013, el promedio ha sido de 20, el mismo que en el 2011.
Lilia Saúl Rodríguez (@liliasaul)
Los padres de niños y niñas que murieron por hechos violentos relacionados con el crimen organizado no podrán celebrar este 30 de abril.
Pero sí podrán recordarle al gobierno federal que hay, desde 2010 a la fecha, 761 muertes de menores de 17 años, de las cuales 60 han ocurrido durante el primer trimestre de 2013.
Y si usted es padre de familia, lo mejor es que no busque vivir en estados como el de Chihuahua, entidad considerada como la más violenta para niños y niñas, seguido por Nuevo León, Guerrero y Sinaloa.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) comenzó un conteo hemerográfico de las muertes causadas en niños y niñas de 0 a 17 años, por hechos violentos derivados de la lucha contra el crimen organizado.
Febrero de 2011 y Junio de 2012 fueron los meses que registraron el mayor número de muertes: 34 en cada mes.
Aunque según estos conteos no oficiales arrojaron que el primer trimestre de 2013 se ha reducido el número de muertes respecto al 2011 y 2012, el mes de marzo de 2013 superó al de 2011, lo cual sugiere que no ha habido una disminución real de la violencia, de acuerdo con REDIM.
El promedio de muertes por mes en 2010 fue de 15 defunciones, en 2011 éste incrementó a 20 y en 2012 fue 24. En lo que va del 2013, el promedio ha sido de 20, el mismo que en el 2011.
Cuando se observa la distribución de muertes por grupos de edad, se puede ver que la población más afectada es el grupo de 15 a 17 años de edad. Para agosto de 2012, el registro de muertes en adolescentes de 15 a 17 años, ya superaba el de años anteriores. Y para 2013, la distribución de muertes ya presenta un patrón similar al de los años anteriores.
De acuerdo con el estudio de REDIM, aunque la “ola de violencia” ha tenido su mayor expresión en los estados del norte, en 2011 el Estado de Guerrero se posicionó como la segunda entidad con mayor número de muertes y se mantuvo así para el 2012.
Para el primer trimestre de 2013, Chihuahua no ha sido el estado más violento, sino Nuevo León, que ya acumula 12 muertes. Colima también aparece como una de las entidades donde han muerto cuatro menores.
Autoridades ineficientes
El 1 de febrero de 2011 autoridades encontraron a 20 menores de edad deambulando por las calles del centro de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Hasta hoy, se desconoce el paradero de los niños, pues el DIF local y el DIF federal no han informado del tema. La falta de coordinación entre instituciones, sumado a que al menos el 3% de las muertes han sido ocasionadas por fuerzas del Estado, han provocado que las organizaciones de la sociedad civil propongan modificaciones para lograr una mejor coordinación.
Juan Martín Pérez García, director de REDIM, explicó a Animal Político que a pesar del incremento de muertes violentas en menores, no hay forma de obtener registros oficiales pues las autoridades se encuentran desarticuladas.
“El Estado mexicano como tal tiene actuaciones, pero están fragmentadas. No hay posibilidad de que se logre una articulación. Se necesita una nueva Ley General para la Garantía de los Derechos de la Infancia y la adolescencia, para forzar mecanismos y crear un órgano de tal fuerza que se puedan coordinar los esfuerzos que ahora están fragmentados”, dijo.
Pérez García consideró que lo ideal es que exista un secretariado técnico fuerte para que pudiera articular las políticas públicas a favor de la niñez.
“Nuestro problema ahorita es la violencia y entonces haces que todas las dependencias se articulen en ese problema. Un niño víctima de narco explotación es criminalizado. Los tratan como criminales. Ahora mismo no hay una institución que tenga la obligación de prevenir y de atender a los niños víctimas de violencia. Ahora mismo no hay ninguna normativa que obligue a las escuelas a buscar a niños que dejen de ir a la escuela. El director o la maestra reportan que un niño dejó de asistir a la escuela, pero no hay un marco normativo que diga que la escuela debe reportarlo ante un Ministerio Público”, explicó.
