Falta profundizar a la Ley contra la Trata de Personas:Alicia Mesa Bribiesca

Pone en mayor vulnerabilidad a las mujeres la nueva Ley contra la Trata. Foto: Archivo El Sol de México

Abigaíl Cruz / El Sol de México

Alicia Mesa Bribiesca, representante del Observatorio Latinoamericano contra la Trata capítulo mexicano, consideró que a la Ley contra la Trata de Personas, aprobada recientemente en nuestro país, le falta profundización, ya que incluso baja la penalidad a los proxenetas.

Indicó que desde el Observatorio se estima que penalizar al cliente lo único que incrementa es la corrupción y el chantaje y pone en mayor vulnerabilidad a las mujeres.

Esa afirmación la hizo luego de que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) presentó el documental "Volviendo Un viaje a las raíces de la trata de personas en Latinoamérica", de los cineastas Diego Traverso, Britany Lefebvre y Phillip Abraham, investigación sobre el tráfico de mujeres y niños en diversos países del continente.

Mesa Bribiesca destacó la estructura patriarcal en los países latinoamericanos y el trabajo que diversas organizaciones están llevando a cabo para cambiar esta forma de pensamiento y lograr relaciones de igualdad de género.

Se refirió a la trata y al tráfico de personas. Comentó que este último tiene que ver con lo que hacen los polleros que llevan a las personas a Estados Unidos. Añadió que en México los zetas hacen explotación sexual, incluso intercambian mujeres entre bandas para explotarlas sexualmente.

Explicó que la trata con fines de explotación sexual va desde el enganche, por enamoramiento, utilizando usos y costumbres de las comunidades, y consideró que la brecha entre ricos y pobres, el consumismo y el querer salir de la pobreza, son formas de atracción para las mujeres.

Apuntó que el documental deja ver lo difícil que es encontrar a una persona desaparecida, ya que a las mujeres que son explotadas las mueven constantemente, "ellas mismas no saben en qué ciudad se encuentran".

Por su lado, el secretario para la Promoción de los Derechos Humanos e Incidencia en Políticas Públicas de ese órgano defensor de los derechos humanos en la Ciudad de México, Gerardo Sauri Suárez, señaló que esta investigación refiere la necesidad de políticas públicas integrales, "que toquen las relaciones entre los hombres, entre los hombres y las mujeres, las nuevas formas de ser varón o nuevas masculinidades todavía en debate".

Indicó que aun cuando el recorrido que hace el documental es muy rápido, de Estados Unidos a la Patagonia, es una mirada muy comprensible que hace pensar que no existen las políticas públicas, ni siquiera policiacas.

"Cuando comparamos los mapas delincuenciales vinculados al tráfico de drogas, frente a los mapas delincuenciales vinculados a la trata de personas, la movilidad de las personas, nos damos cuenta que hay un esfuerzo menor, que la cantidad de inversión de gasto público y de cooperación internacional que hay para el combate al narcotráfico, frente al combate a la trata de personas, es desproporcional, cuando sabemos que es uno de los tres delitos a nivel internacional".

Discrepó de un planteamiento del documental respecto a patologizar al consumidor, "porque eso hace pensar que son unas cuantas personas abyectas las que están consumiendo, y no una cultura popular, tolerante, pero también actuante, practicante en muchas ocasiones, muy cercana a las formas de trata y explotación".

Destacó la estructura patriarcal en los países latinoamericanos y el trabajo que diversas organizaciones están llevando a cabo para cambiar esta forma de pensamiento y lograr relaciones de igualdad de género.

Trata de personas debe verse como mercado del crimen organizado: Placencia

EUGENIA JIMÉNEZ

En una conferencia, el Ombudsman capitalino insistió en la necesidad de generar conciencia en quienes consumen, “como si se tratará de cualquier mercancía.

Foto: Archivo

Ciudad de México • El ombudsman capitalino Luis González Placencia señaló la necesidad de abordar la trata de personas como un fenómeno de mercado dentro de las múltiples formas de la criminalidad organizada y afirmó que los cambios legislativos no son suficientes si las autoridades no están capacitadas para tratar ese delito.

Durante la presentación del Segundo Informe Respeto de los Derechos Humanos en materia de trata de personas con fines de explotación sexual en el Distrito Federal, insistió en la necesidad de “Generar conciencia en quienes consumen, como si (no) se tratara de cualquier mercancía: hay que tener muy claro que hablamos de personas, que los daños producidos son acumulativos; estamos hablando de la integridad psicosocial de mujeres y niñas, en la mayor parte de los casos”.

Elaborado por el Observatorio Contra la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual en el Distrito Federal, el Segundo Informe, señaló el ombudsman capitalino, busca establecer medidas y políticas públicas que permitan atacar el problema e ir más allá del debate “que ha producido más obstáculos que beneficios entre las posiciones prohibicionistas, las reglamentaristas y las que median entre ambos polos”.

Resulta fundamental, agregó González Placencia, el esfuerzo de la sociedad civil para despertar las conciencias sobre los aspectos abordados en el Segundo Informe, porque “Los cambios legislativos no son suficientes, si no hay, por ejemplo, claridad mental en los juzgadores, que son quienes tienen al final de cuentas en sus manos la posibilidad de condenar el delito de trata o, al igual que en el tema de la tortura, a la cual ha sido fácil negar con tipos penales más leves”.

Todavía cuesta mucho trabajo que los jueces se atrevan a juzgar y a condenar por el delito de trata de personas, mencionó: “La capacitación implica no sólo conocer conceptos de los instrumentos internacionales, sino que las y los servidores públicos tengamos claridad de lo que nos toca hacer y, sobre todo, tener el valor para hacerlo”.

La Coordinadora del Colectivo Contra la Trata, Mayra Rojas Rosas, urgió a cambiar la forma de ver a las niñas y a las mujeres, y a los niños en general, como objetos sexuales, a través de talleres sobre género y derechos humanos, para deconstruir directa y frente a frente en las comunidades las percepciones sociales de adultocentrismo y machismo que ponen en permanente riesgo feminicida a todas las mujeres.

Por su parte, María José Gómez, del área de Género, Violencia y Derechos Humanos del Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas (UNFPA), llamó la atención sobre la vulnerabilidad asociada al género y sobre la necesidad de descubrir las credenciales de la masculinidad en los consumidores de trata ante la violencia en contra de niñas y mujeres.

El director de Género y Desarrollo, A.C. (GENDES), Mario Vargas Urías, señaló que es una mentalidad machista-tradicionalista la que prevalece en la cadena que somete a millones de mujeres y niños esclavizados a otorgar servicios sexuales, principalmente a hombres adultos, ‘consumidores de cuerpos’, de entre 35 y 50 años, en su mayoría con pareja y padres de uno o más hijos.

La Representante del Observatorio Latinoamericano contra la Trata, Capítulo Mexicano, Alicia Mesa Bribiesca, llamó la atención sobre el papel de los prestadores de servicio de taxis en la cadena de trata, del cual deben hacerse cargo las autoridades de la Secretaría de Transportes y Vialidad (Setravi) del Distrito Federal.

EL D.F. PRIMER LUGAR DE TRATA CON FINES DE EXPLOTACION SEXUAL EN A.L.

La Merced ocupa el primer lugar en AL en trata de menores con fines sexuales
Israel Yáñez G |	:
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal reconoció los esfuerzos realizados por las autoridades capitalinas en el combate a la trata de personas; sin embargo, aún existen “atrasos significativos” en la detección de esta actividad ilícita. Como parte del Segundo Informe Observatorio contra la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual, se estableció que en el 2011 se emitieron 48 sentencias contra personas involucradas en los delitos de trata de personas y lenocinio; de ellas 25 fueron absolutorias y 23 condenatorias. Por ello, hace falta capacitar a los servidores públicos para sensibilizarlos sobre la delicadeza del crimen de trata de personas, pues afecta directamente el tejido social. “Los cambios legislativos no son suficientes, si no hay, por ejemplo, claridad mental en los juzgadores, que son quienes tienen al final de cuentas en sus manos la posibilidad de condenar el delito de trata o, al igual que en el tema de la tortura, a la cual ha sido fácil negar con tipos penales más leves”, dijo al respecto el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF, Luis González Placencia. Habló sobre la necesidad de abordar la trata de personas como un fenómeno de mercado dentro de las múltiples formas de la criminalidad organizada. “Generar esta conciencia en quienes consumen, como si se tratara de cualquier mercancía: hay que tener muy claro que hablamos de personas, que los daños producidos son acumulativos; estamos hablando de la integridad psicosocial de mujeres y niñas, en la mayor parte de los casos”. Por ello, habrá que establecer medidas y políticas públicas que permitan atacar el problema e ir más allá del debate. Reiteró que cuesta mucho trabajo que los jueces se atrevan a juzgar y a condenar por el delito de trata de personas, por ello “la capacitación implica no sólo conocer conceptos de los instrumentos internacionales, sino que las y los servidores públicos tengamos claridad de lo que nos toca hacer y, sobre todo, tener el valor para hacerlo”. Al respecto, Alicia Meza, representante del observatorio, señaló que en zonas como La Merced, considerada como uno de los puntos rojos más grandes de América Latina en trata de menores, las mujeres deben entregar seis mil pesos diarios a sus explotadores. La representante del Observatorio Latinoamericano contra la Trata, Capítulo Mexicano, Alicia Mesa Bribiesca, reconoció el trabajo de la CDHDF en la emisión de las recomendaciones relativas al fenómeno de trata, dirigidas a la delegación Cuauhtémoc y a un reclusorio femenil. Llamó la atención sobre el papel de los prestadores de servicio de taxis en la cadena de trata, del cual deben hacerse cargo las autoridades de la Secretaría de Transportes y Vialidad (Setravi) del Distrito Federal.

UN PROMEDIO DE 3 A 4 MENORES DESAPARECEN CADA HORA EN MEXICO.

Cada hora desaparecen en México de 3 a 4 niños
Daniel Blancas Madrigal |
Fuente: Senado de la República En promedio, de tres a cuatro niños desaparecen cada hora en nuestro país, según las últimas cifras obtenidas por el Senado de la República. Lo mismo si es secuestro o robo, sustracción ilegal, extravío o huida voluntaria, los padres afectados coinciden en que se trata del dolor más lacerante con el cual apenas es posible sobrevivir… Un dolor multiplicado ante la indiferencia e incapacidad de autoridades, en especial de la Procuraduría General de la República. Aunque a principios del mes pasado el gobierno federal formalizó la inclusión de México al proyecto “Alerta Amber”, cuyo objetivo es conformar una red institucional para la búsqueda temprana y localización de menores, además del desdén de instancias policiales y ministeriales, el problema encierra falta de legislación en la materia y de una base de datos confiable, así como métodos sofisticados de enganche y rapto por parte del crimen organizado. Hoy, señalan asociaciones y centros dedicados a la recuperación de víctimas, la mayor incidencia apunta a bebés y a chicas adolescentes a quienes se les sigue el rastro en células dedicadas a la trata de personas. “El mayor número de reportes que nos llegan son de niños o bebés robados en hospitales y de jovencitas entre 12 y 18 años desaparecidas en diversos puntos del país, casi a diario nos enteramos de un caso de este tipo”, describe María Elena Solís, fundadora y presidenta de la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos, quien durante 15 años de trabajo ha ayudado a que más de mil niños regresen a sus hogares. Las malas noticias llegan de todos los estados, de sur a norte, sin distinción. DISFRAZ. Vete quitando las vendas de las piernas, voy a bañar al bebé y en un rato regreso por ti —dijo la mujer vestida de enfermera a Marisela García, originaría de El Águila, Veracruz, y quien horas antes había sido mamá por tercera vez; la primera, de un varón… Era la madrugada del 9 de mayo de 2012 en el Hospital Regional de Poza Rica. Marisela interrumpió las caricias a su pequeño en brazos y lo entregó a quien, después se sabría, usó una bata de enfermería supuestamente pérdida entre el personal médico para consumar el robo. Tras analizar en retrospectiva cada detalle de lo ocurrido, los  padres han acusado la participación delictiva de directivos y trabajadores del sanatorio, pero a pesar de datos y descripciones aportadas y a más de dos meses de la sustracción, la investigación en la Procuraduría estatal se mantiene estancada. “Mi exigencia es que investiguen a todo el personal del hospital, ahí está el responsable, ¿por qué no hay vigilancia, por qué no hay cámaras?... Se trata de bebés, no de objetos”, señala entre suspiros doña Marisela. Basa sus sospechas en la facilidad con la que la impostora ingresó al hospital y sala de maternidad, en declaraciones contradictorias de doctores y enfermeras, en la ausencia del personal de guardia al momento del robo, en la negativa a su esposo y madre para entrar a la visita, en la presencia extraña de una mujer vestida de civil un día antes de los hechos y en la famosa bata extraviada. “Todo fue planeado, hubo acuerdos y no es la primera vez que pasa: con el mío, se han perdido cuatro recién nacidos en el mismo hospital, pero nadie dice nada porque tienen miedo”, revela. Tras la desaparición, su esposo, don Onésimo Reyes de Luna, descubrió una puerta de cristal sin cerradura ni vigilancia que conducía al estacionamiento, la cual fue sellada hasta dos días después del robo. Aunque también él está convencido del contubernio, prefiere las súplicas: “Éramos felices hasta el momento en que se llevaron a mi niño, lo esperábamos con mucho amor y pido de corazón que me lo regresen, que no me maten de esta manera”. SIN OFICIO. La insensibilidad y falta de coordinación entre autoridades investigadoras y compañías telefónicas para obtener el sabaneo de celulares —registro detallado de llamadas y mensajes enviados y entrantes— es una constante en los casos en los cuales las víctimas son adolescentes… María Fernanda Tlapanco Uribe, una estudiante de secundaria de 14 años, desapareció la tarde del 19 de abril de la colonia Nativitas. La última vez que la vieron fue en una parada de autobús frente a su escuela. A casi 90 días de la ausencia y tras una cascada de peticiones erróneas por parte de la policía, no ha sido posible obtener el sabaneo de su móvil, indispensable en la indagatoria. “La compañía telefónica ha rechazado ya cinco veces los oficios judiciales para la entrega del documento, porque no llevan las firmas adecuadas, porque no refieren artículos de la ley, porque se giran a instancias incorrectas; he ido a suplicar que me ayuden, porque se trata de la vida de mi hija y nada… Se ha combinado el mal trabajo del MP y la burocracia y desinterés de la telefónica”, afirma doña Rocío Uribe, mamá de Fernanda. Sin ningún adelanto en las diligencias, en la Policía Ministerial la versión es la misma: “Que mi hija se fue con un hombre porque es bonita y tiene buen físico o porque estaba embarazada, pero siempre les diré que es falso, porque ella era feliz, vivía con sus padres y hermano a la espera de su fiesta de 15 años, una niña feliz no se va de su hogar”. La senadora del PAN Adriana González Carrillo, quien fue una de las principales promotoras de la aplicación de la Alerta Amber a nivel nacional, asegura que esta respuesta se repite casi en todos los casos… “Lo común cuando se presenta la denuncia es que las autoridades digan que la menor desapareció porque tenía una relación secreta, un embarazo, una adicción o problemas en casa, pero en la mayoría de los expedientes nos encontramos con chicas que tenían buenas calificaciones, que no se llevaron pertenencias ni tenían dinero y entonces hay elementos para concluir que están en una situación de trata”. Advierte que estas redes delincuenciales “obligan a las mujeres, principalmente a las niñas robadas, a prostituirse con la amenaza de que si se niegan o si huyen, las asesinarán, a ellas o a sus familiares. Son simples esclavas y por la explotación no reciben dinero”… De los más de 150 mil niños desaparecidos de 2007 a 2011, según los datos del Senado, el 58 por ciento tienen entre cuatro y 12 años, y casi dos terceras partes son del sexo femenino…  Extravío: cuando el menor se pierde por descuidos de padres o tutores.  Sustracción: cuando padres o familiares en conflicto se llevan a los niños.  Secuestro o robo: cuando bandas organizadas plagian a los pequeños para pedir rescate o cometer diversos delitos.  Ausencia voluntaria: cuando las víctimas se van de casa por maltrato o abuso sexual de alguno de sus padres o familiares.